Autores: Gabriela Brizuela / Sergio Bertini
Prólogo
En Argentina, las personas a las que el Estado -a través de la evaluación de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE)- les ha reconocido el estatuto de refugiadas conforman un grupo pequeño, que en la actualidad no supera las 3.300 personas. Este grupo representa la cuarta parte de las más de 13.000 personas que desde 19851 en adelante solicitaron asilo.
El reconocimiento de la condición de refugiado (conforme a los instrumentos internacionales y a la ley nacional) conlleva un principio rector, a saber: la no devolución al lugar de procedencia, incluyendo la prohibición del rechazo en frontera y la no sanción por el ingreso ilegal al territorio nacional (Ley 26.165). El principio de no devolución (que comprende también a quienes son solicitantes del estatuto de refugiado, hasta tanto se resuelva su petición) conforma el corazón de la figura de asilo, y su propósito consiste en atender a los peligros y temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social que obligaron a la persona a abandonar su país (Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados). En 1984, la Declaración de Cartagena de la Organización de Estados Americanos (OEA) propuso acordar también el estatuto de refugiado a las personas que huyen de sus países porque su vida, su seguridad o su libertad se encuentran en peligro debido a situaciones de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos o violaciones masivas de los derechos humanos.
Es decir que el asilo es una figura de protección acordada internacionalmente y que genera un conjunto de obligaciones por parte del Estado de destino hacia la persona a quien le ha reconocido el estatuto. Al igual que los migrantes, quienes han sido reconocidos como refugiados son extranjeros, pero en tanto que acreedores de la protección internacional no pueden bajo ningún concepto ser devueltos a su país de procedencia. Por otra parte, las razones que motivan la solicitud de asilo suelen ser diferentes (en mayor o menor medida) de las que motivan la migración internacional. Desde esta perspectiva, a pesar de su compartida “extranjeridad”, quienes cuentan con estatuto de refugiado y los migrantes conforman dos grupos que, en ciertos aspectos, pueden y deben ser pensados y concebidos de manera diferente.
Las razones por las cuales las personas consideran que están en peligro y abandonan su país son bien variadas, y muchas de ellas distan de las imágenes más generalizadas vinculadas directamente a su participación en enfrentamientos o luchas políticas. Los conflictos políticos pueden generar situaciones de inestabilidad que inciden sobre el funcionamiento de otras instituciones, que en consecuencia no puede garantizar la seguridad de todos los habitantes. Por ejemplo, en ciertas regiones de Perú o de Colombia que han sido epicentro de graves conflictos armados, el riesgo a la vida ha alcanzado a numerosas personas que no están involucradas directamente en las disputas, y que ante el temor han recurrido al traslado y al asilo en otro país.
Una persona que considera que debe urgentemente abandonar su país para preservar su vida no siempre cuenta con tiempo suficiente para planificar un destino. Así, puede ocurrir que llegue a un país del que tiene información fragmentada (y al que tal vez jamás hubiera llegado como inmigrante) pero que en el contexto concreto de la urgencia le otorga con rapidez la visa que le autoriza el ingreso. Otras personas se dirigen a un país del cual pueden tener alguna referencia más o menos certera, donde conocen a alguien, o donde saben que existe una comunidad migrante de su mismo origen. Algunas personas, en su huída, suben como polizontes a un barco sin saber a qué puertos se dirige; y otras más sólo se preocupan por llegar a un lugar lo suficientemente alejado y ajeno como para confiar que no serán encontrados.
Las 3.300 personas con el estatuto de refugiado acordado y las 950 que lo habían solicitado y en 2010 estaban aguardando la respuesta llegaron a Argentina por todas estas diversas vías, que se ven reflejadas en la gran variedad de países de procedencia. En 2009, quienes procedían de Colombia, Cuba, Perú y Chile, representaban aproximadamente el 40% del total de refugiados. De ellos, colombianos, cubanos y peruanos llegaron a la Argentina en fechas relativamente recientes, en tanto que los chilenos fueron reconocidos en décadas anteriores. Quienes provenían de Armenia, Rusia, Ucrania, Rumania, Albania, Yugoslavia, Bosnia, Kazajstán, Turquía, Irán, Irak, India, Pakistán o Bangladesh sumaban casi el 20%, en tanto que otro 15 % provenía de Angola, Argelia, República Democrática del Congo, Guinea, Liberia, Mali, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. Es decir que bajo un status jurídico común encontramos un conjunto pequeño pero sumamente heterogéneo de personas.
La heterogeneidad de los solicitantes de la condición de refugiado o con el estatuto reconocido no remite únicamente a las decenas de nacionalidades e idiomas. También alude a variaciones en los orígenes rurales, semi-rurales o urbanos, a un espectro de edades más amplio que el de las personas migrantes2, y a trayectorias educativas y laborales previas sumamente diferentes, que comprenden desde el trabajo no calificado en el sector informal hasta el ejercicio de profesiones liberales. Esta heterogeneidad impone desafíos tanto a la investigación diagnóstica orientada a la descripción y comprensión de las características de esta población como a las áreas de gestión de programas y políticas, que deben asegurar el acceso a derechos en el marco de las obligaciones de protección asumidas por el Estado Argentino.
Sobre el total de 1.800.000 residentes extranjeros relevados en el Censo Nacional de Población de 2010, quienes cuentan con el estatuto de refugiado -o lo han solicitado- representan una fracción reducida, heterogénea, y unificada por un estatus jurídico que dice mucho acerca de sus derechos pero que encuentra repetidas y variadas dificultades para asegurar su cumplimiento. Al igual que los migrantes –aunque frecuentemente en mayor soledad– deben resolver temas de vivienda, trabajo, salud, educación o reunificación familiar en una ciudad
desconocida, tal vez con otro idioma, con otras reglas, y con otras costumbres. A ello se agrega la solicitud de asilo y su tramitación3, que casi siempre implican un largo deambular institucional y la familiarización con complicados argumentos y categorías jurídicas.
El acompañamiento institucional que brindan organizaciones tales como Migrantes y Refugiados en Argentina (MyRAr), Fundación Comisión Católica para las Migraciones (FCCAM), el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF), ACNUR, o la Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado de la Defensoría General de la Nación ha ido abriendo caminos en dos sentidos. Por un lado, respecto de un mejor diagnóstico y conocimiento de las características y necesidades de las personas solicitantes o con estatuto de refugiado –tanto en lo que comparten con los migrantes en general como en su especificidad. Por el otro, respecto de la visibilización y sensibilización institucional hacia ellos. Lentamente, esta suerte de “activismo institucional” ha promovido y logrado cambios y adecuaciones en algunas prácticas o normativas de espacios tales como escuelas, institutos educativos o de formación laboral, centros de salud, programas de asistencia etc., todas ellas instancias a la que recurren las personas refugiadas o solicitantes de asilo y donde encontraban desconocimiento, incomprensión, y –peor aún- discriminación respecto de ellos mismos como personas y de su condición de refugiados.
Desde esta perspectiva, la indagación de MyRAr sobre salud sexual y reproductiva y prevención de infecciones por VIH también contribuye doblemente: al mejor conocimiento de las necesidades de la población con estatuto de refugiada y a la mejor identificación de los “usos y costumbres” médico y sanitario que facilitan u obstaculizan el acceso a la salud. Ya sea por su status jurídico o por sus tan diversos orígenes nacionales, las personas con condición de refugiadas muestran el gran abanico de situaciones y necesidades que deben ser contempladas y atendidas para asegurar el acceso a derechos y el cumplimiento del mandato de protección.
¿Qué saben en relación al VIH? ¿Cómo actúan en función de sus propios conocimientos? La investigación muestra que sus percepciones no están demasiado alejadas de las de la población en general: cuentan con información (adquirida en sus países de origen a través de campañas masivas o focalizadas) y articulan esa información de manera singular con sus propias concepciones y prácticas –por ejemplo acerca de la pareja estable, o de la sexualidad en adolescentes. Con respecto a la salud en general, suelen tener un enfoque más paliativo que preventivo, y si bien se trata de una temática que les preocupa, su tiempo se organiza en función de otras prioridades, tal vez menos importantes pero más urgentes: trabajar y asegurarse los ingresos necesarios, resolver cuestiones de vivienda o de documentación, etc.
La indagación también muestra cómo una investigación centrada en cuestiones relacionadas a la salud pero llevada adelante desde una perspectiva interdisciplinaria posibilita instancias de intervención externas al campo bio-médico. Anclados en el campo y en el lenguaje de lo cotidiano, las entrevistas, los grupos focales y los talleres con personas refugiadas o solicitantes de la condición de refugiadas permitieron explorar concepciones, representaciones y necesidades al mismo tiempo que sensibilizar, concientizar y difundir información que facilite el acceso a prestaciones y servicios. El equipo de investigación fue también, y de un modo sui generis, un “efector de salud” con llegada privilegiada a la población meta. Los hallazgos de la investigación, los pasos que condujeron a ellos, y la reflexión sobre la totalidad del proceso refuerzan la necesidad de trabajar también –y de modo sistemático– con las áreas de gestión y de formulación de políticas, tanto para instalar y generalizar prácticas no – discriminatorias como para sensibilizar la mirada “administrativa” hacia experiencias, necesidades y formas de expresión diversas.
María Inés Pacecca
Buenos Aires, agosto de 2012.
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